Convención sobre minas antipersona

El Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy, en el centro, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Bjorn Tore Godal, a la derecha, sostienen el documento elaborado en la Conferencia de Oslo que pide la prohibición total de las minas terrestres antipersonas en las Naciones Unidas el viernes 26 de septiembre de 1997. El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, a la izquierda, aplaude. (AP Photo/Adam Nadel)

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción es el acuerdo internacional que prohíbe las minas terrestres antipersonal. Suele denominarse Convención de Ottawa o Tratado de Prohibición de Minas Antipersona.

Historia

La Convención fue concluida por la Conferencia Diplomática sobre la Prohibición Internacional Total de las Minas Terrestres Antipersonas, celebrada en Oslo el 18 de septiembre de 1997.

De conformidad con su artículo 15, la Convención quedó abierta a la firma de todos los Estados en Ottawa, Canadá, desde el 3 de diciembre de 1997 hasta el 4 de diciembre de 1997, y permaneció abierta después en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta su entrada en vigor el 1 de marzo de 1999.

Las minas terrestres se presentan predominantemente en dos variedades: minas antipersona y minas antivehículo. Ambas han causado grandes sufrimientos en las últimas décadas y siguen matando y lesionando a civiles y transeúntes mucho después de que los conflictos hayan terminado. Las minas antipersona están prohibidas por la Convención de Ottawa.

Desde su creación hace más de dos décadas, la Convención ha conseguido que prácticamente se detenga la producción mundial de minas antipersona y que se reduzca drásticamente su despliegue. Se han destruido más de 40 millones de minas almacenadas y se ha proporcionado asistencia a los supervivientes y a las poblaciones que viven en las zonas afectadas. Un gran número de zonas minadas y presuntamente peligrosas han sido declaradas libres de minas terrestres y liberadas para su uso productivo. Como resultado de estos esfuerzos, el número de víctimas ha disminuido drásticamente. Otras tendencias que se acogen con satisfacción son: el aumento de la capacidad nacional para gestionar programas complejos de acción contra las minas; los grandes avances en el encuadramiento de la asistencia a las víctimas en el contexto más amplio de la discapacidad; y el desarrollo de mejores herramientas de reducción de riesgos. La Convención sobre la Prohibición de Minas ha sido un marco central para los Estados a la hora de llevar a cabo actividades de acción contra las minas que han conducido a todos estos notables logros.